El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “no ha cumplido con su misión de prevenir la corrupción de sus jueces” y “sigue siendo un club de amigos” que solapa las irregularidades de los juzgadores a su cargo, coincidieron dos agrupaciones de juristas.
La Jornada publicó en su edición de ayer informes estadísticos del CJF que señalan que en los cinco años recientes ese órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial Federal (PJF) sólo ha destituido de manera definitiva a seis jueces de distrito y a dos magistrados de circuito por conductas indebidas, aunque en ese periodo se han presentado ante la Judicatura al menos 2 mil 300 quejas contra juzgadores de primera y segunda instancias.
La gran mayoría de las quejas administrativas son desechadas desde un principio por notoria improcedencia, debido a que únicamente se presentan con el propósito de modificar el sentido de alguna resolución que no haya favorecido a la parte quejosa.
No obstante, incluso cuando se han comprobado conductas graves, el órgano regulador de jueces y magistrados ha optado por sanciones más leves, como suspensión o cambio de adscripción.
Reyes Peralta, abogado originario de Veracruz, dijo que “es increíble que en un universo de quejas, según las estadísticas que maneja el CJF, se haya sancionado a sólo ocho juzgadores. Consideramos que finalmente ese órgano administrativo y disciplinario del PJF sigue siendo un club de amigos, ya que tienen distintos raseros para resolver las quejas y no todos se apegan a la normatividad”.
El experto en derecho penal citó como ejemplo de su opinión el caso concreto de la juez quinta de distrito en Veracruz, María Elena Suárez Préstamo, contra quien se presentó una queja administrativa: “el CJF resolvió que ella emitió una resolución contraria a derecho, pero lo único que se hizo fue una amonestación, cuando la Judicatura debió revocarla de su cargo.
“Como ese caso existen muchos, y seguimos cuestionando del CJF sus métodos de selección de jueces y magistrados, pues se sigue beneficiando a los parientes, dejando fuera a verdaderos juristas”, destacó Reyes Peralta.
De su lado, Eduardo Miranda Esquivel sostuvo que la mayoría de quienes encabezan el PJF y el CJF “forman parte de ese grupo de mafiosos que monopolizan el poder”.
Añadió que “es necesario que se persiga a magistrados y jueces prepotentes y deshonestos para sanear y darle credibilidad al PJF, pero es indispensable que se haga de manera transparente, con apego a la legalidad y con las pruebas que lo justifiquen, para no incurrir en actitud frívola como la del presidente Felipe Calderón, que arremete parejo y manera general en contra de los juzgadores, dañando aún más su frágil imagen pública”.
Rodrigo Iván Martínez Rodríguez.
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