Derechos Humanos: legalidad demolida

 Fuente: LaJornada

Miércoles 24 de octubre de 2012

Javier Hernández Valencia, representante de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dio cuenta ayer de la situación desastrosa que enfrenta México en esa materia. Dijo que la tortura y las detenciones arbitrarias "siguen siendo el pan de cada día" en el país y son además "un mecanismo de investigación al que no dejan de recurrir los cuerpos policiacos y militares", y puso de ejemplo el caso de Israel Arzate, joven de 26 años detenido y torturado en febrero de 2010 por policías estatales y militares, quienes pretendían que se declarara culpable por la matanza de jóvenes ocurrida en la colonia Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, a principios de ese mismo año.

El caso comentado, junto con las afirmaciones del funcionario de la ONU, constituye un desmentido contundente a un discurso oficial que insiste en afirmar que el propósito principal de la política vigente de combate al crimen organizado es el "fortalecimiento de la legalidad". La realidad es que el saldo de dicha estrategia de seguridad pública –además de los más de 60 mil muertos, de una creciente descomposición institucional y una pérdida de soberanía inaceptable– no ha sido el reforzamiento del estado de derecho y la paz pública, sino el de la ilegalidad y la barbarie, así como la colocación del país en escenarios de guerra sucia parecidos a los que se vivieron durante las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo, caracterizados por la incorporación de las desapariciones forzadas y la tortura como prácticas cada vez más frecuentes de las fuerzas públicas.

Hace más de un lustro, cuando la actual administración inició los espectaculares operativos y desplazamientos de soldados y policías por todo el territorio nacional, con el supuesto propósito de restablecer el estado de derecho en las regiones controladas por la criminalidad, diversas voces de la sociedad organizada, la clase política y la academia señalaron que combatir a la delincuencia mediante la violencia oficial y la militarización de la vida pública no sólo no garantizaba el éxito, sino alentaba peligrosamente la configuración de circunstancias de pesadilla como las que hoy enfrentan el país y su población.

En el momento presente, resulta imperativo recordar que la tarea irrenunciable del Estado de combatir a la delincuencia no excluye de ninguna manera la obligación de velar por las garantías individuales de todos los ciudadanos –independientemente de su situación jurídica– y de vigilar que las acciones de la autoridad se desarrollen en el marco de la ley. En cambio, la relación directa existente entre las acciones oficiales para combatir a la criminalidad y el incremento de las violaciones a la legalidad por parte de las propias autoridades constituye una razón adicional para demandar el viraje y la reformulación radical de la estrategia de seguridad en curso.

Caso: Hugo Sánchez Ramírez

El pasado 17 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le concedió un amparo al joven mazahua Hugo Sánchez Ramírez, quien había sido sentenciado por secuestro, al considerar que durante el proceso penal al que estuvo sujeto, fue víctima de diversas violaciones constitucionales.

De acuerdo con el órgano judicial, en el caso de Hugo Sánchez Ramírez, se cometieron violaciones a la legalidad, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la defensa adecuada, lo que determinó que en la resolución del amparo directo 4/2012, atraído por la Corte.  Estas violaciones, señalaron los ministros del máximo tribunal, se ejemplifican en la obtención ilícita de material probatorio, como las placas fotográficas a partir de las cuales se verificó la identificación del quejoso.

Al conceder el amparo, la Primera Sala estimó que no existe justificación alguna para que la responsabilidad penal de una persona se encuentre sustentada en pruebas insuficientes adquiridas de manera contraria a derecho, porque de esa forma se vulneran los derechos fundamentales que tiene todo inculpado en un procedimiento de ese tipo.

En esas condiciones, los ministros señalaron que la obtención de la prueba ilícita vició todo el procedimiento, porque su presencia objetiva y sus consecuencias condujeron indebidamente a tener por acreditada la plena responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito.

En este caso se determinó que existe insuficiencia de pruebas de cargo, cuando ello debe ser resultado de material probatorio obtenido de manera legal, que tenga la virtud de vencer de manera contundente el principio de presunción de inocencia a que se ha hecho referencia con anterioridad.

Por estas razones, fue que los ministros concedieron el amparo liso y llano, a fin de que fuera puesto en inmediata libertad, siempre y cuando no estuvieran sujetos a otras causas.

"Al conceder el amparo, la Primera Sala estimó que no existe justificación alguna para que la responsabilidad de una persona se encuentre sustentada en pruebas insuficientes adquiridas de manera contraria a derecho (…) en esas condiciones los ministros señalaron que la obtención de la prueba ilícita vició todo el procedimiento, porque su presencia objetiva y sus consecuencias condujeron indebidamente a tener por acreditada la plena responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito de secuestro", refirió.

Sin embargo, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU emitió una resolución en la que confirmó la manipulación en los procesos contra Hugo Sánchez y por ello exhortó al Estado mexicano a su inmediata liberación.

El Consejo de la Judicatura, “club de amigos que solapa irregularidades”

Alfredo Méndez. Periódico La Jornada

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “no ha cumplido con su misión de prevenir la corrupción de sus jueces” y “sigue siendo un club de amigos” que solapa las irregularidades de los juzgadores a su cargo, coincidieron dos agrupaciones de juristas.

La Jornada publicó en su edición de ayer informes estadísticos del CJF que señalan que en los cinco años recientes ese órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial Federal (PJF) sólo ha destituido de manera definitiva a seis jueces de distrito y a dos magistrados de circuito por conductas indebidas, aunque en ese periodo se han presentado ante la Judicatura al menos 2 mil 300 quejas contra juzgadores de primera y segunda instancias.

La gran mayoría de las quejas administrativas son desechadas desde un principio por notoria improcedencia, debido a que únicamente se presentan con el propósito de modificar el sentido de alguna resolución que no haya favorecido a la parte quejosa.

No obstante, incluso cuando se han comprobado conductas graves, el órgano regulador de jueces y magistrados ha optado por sanciones más leves, como suspensión o cambio de adscripción.

Entrevistados por separado respecto de los informes del CJF, los presidentes del Colegio Nacional de Abogados Penalistas y de la Unión Nacional de Juristas de México, Jorge Reyes Peralta y Eduardo Miranda Esquivel, respectivamente, sostuvieron que las estadísticas elaboradas por la Judicatura no concuerdan con la realidad de un país, donde “no son pocos los jueces corruptos, negligentes, burócratas y de consigna”.

Reyes Peralta, abogado originario de Veracruz, dijo que “es increíble que en un universo de quejas, según las estadísticas que maneja el CJF, se haya sancionado a sólo ocho juzgadores. Consideramos que finalmente ese órgano administrativo y disciplinario del PJF sigue siendo un club de amigos, ya que tienen distintos raseros para resolver las quejas y no todos se apegan a la normatividad”.

El experto en derecho penal citó como ejemplo de su opinión el caso concreto de la juez quinta de distrito en Veracruz, María Elena Suárez Préstamo, contra quien se presentó una queja administrativa: “el CJF resolvió que ella emitió una resolución contraria a derecho, pero lo único que se hizo fue una amonestación, cuando la Judicatura debió revocarla de su cargo.

“Como ese caso existen muchos, y seguimos cuestionando del CJF sus métodos de selección de jueces y magistrados, pues se sigue beneficiando a los parientes, dejando fuera a verdaderos juristas”, destacó Reyes Peralta.

De su lado, Eduardo Miranda Esquivel sostuvo que la mayoría de quienes encabezan el PJF y el CJF “forman parte de ese grupo de mafiosos que monopolizan el poder”.

Añadió que “es necesario que se persiga a magistrados y jueces prepotentes y deshonestos para sanear y darle credibilidad al PJF, pero es indispensable que se haga de manera transparente, con apego a la legalidad y con las pruebas que lo justifiquen, para no incurrir en actitud frívola como la del presidente Felipe Calderón, que arremete parejo y manera general en contra de los juzgadores, dañando aún más su frágil imagen pública”.

Fuente:
Rodrigo Iván Martínez Rodríguez.
Blog de RJ Carro Editorial SA de CV