Tortura, fabricación de delitos y culpables es una práctica común por las autoridades en México. Desafortunadamente las Instituciones de impartición de justicia son omisas de estos hechos que violentan el estado de derecho y derivan hacia el individuo en injusticia e ilegalidad. En este espacio damos a conocer sobre este tipo de casos con el objetivo de que prevalezca el estado de derecho y se termine con el actuar irregular y arbitrario de las autoridades; de lo contrario se perdería la finalidad de nuestras leyes e instituciones en perjuicio de la sociedad en su conjunto.

jueves, 24 de enero de 2013

Carta del Editor

Por: Efrén Sánchez Herrada

Estimado lector:

Desde el inicio de este sitio hemos recibido correos en su mayoría de aprobación, y en minoría pero no menos importante de rechazo sobre los temas y opiniones vertidos en este espacio. Por lo que con motivo de las opiniones expuestas ante el controvertido y último caso expuesto que corresponde al de Florence Cassez, consideramos oportuno fijar nuestra clara y general posición sobre el objetivo de este sitio.

Nuestro objetivo no es el de dar publicidad a la impunidad de los delincuentes o que prevalezca la falta de impartición de justicia, por el contrario, es el de promover que se erradique en nuestro país la injusticia, las nefastas prácticas en la impartición de justicia, tanto de policías, Ministerios Públicos así como de  Jueces; en este sentido no podemos generalizar, pero desgraciadamente existen individuos en todos los niveles de impartición de justicia que con sus irregulares, arbitrarios y abusivos comportamientos dañan el verdadero quehacer jurídico.

En este espacio  recopilamos y damos a conocer todos aquellos casos de personas que precisamente han sido objeto de los excesos e irregularidades de las autoridades, que han abusado de las facultades que les fueron conferidas y que derivado de la violación de derechos fundamentales y al debido proceso se tengan a personas inocentes en prisión.

Los seremos humanos solemos ser ciegos y sordos ante la desgracia ajena, pero como ciudadanos tenemos que poner atención que cualquier persona puede ser detenida, sujeta a proceso penal y condenada injustamente. Por ello cualquier autoridad debe actuar en estricto apego a derecho (transparencia, imparcialidad y profesionalismo), y exacta aplicación de la Ley para que se obtenga una verdadera impartición de la justicia tanto a víctimas como procesados; los derechos y garantías consagradas en nuestra legislación tienen una razón de ser, precisamente para que no se cometan injusticias, y en este espacio pugnamos para que no se trate simplemente de letra muerta con el único objetivo de engrosar los textos.

El caso de Florence Cassez así como muchos otros que hemos publicado en este espacio, ponen en evidencia que en nuestro país tenemos un sistema de persecución del delito y penal totalmente obsoleto e ineficaz, que permite la corrupción y abuso por parte de las autoridades, lo anterior genera que las víctimas no tengan justicia o peor aún que injustamente se envié a personas inocentes a prisión.


!Es peor cometer una injusticia, que sufrirla!

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