Tortura, fabricación de delitos y culpables es una práctica común por las autoridades en México. Desafortunadamente las Instituciones de impartición de justicia son omisas de estos hechos que violentan el estado de derecho y derivan hacia el individuo en injusticia e ilegalidad. En este espacio damos a conocer sobre este tipo de casos con el objetivo de que prevalezca el estado de derecho y se termine con el actuar irregular y arbitrario de las autoridades; de lo contrario se perdería la finalidad de nuestras leyes e instituciones en perjuicio de la sociedad en su conjunto.

miércoles, 23 de enero de 2013

SCJN otorga amparo y libertad a Florence Cassez

 (México, Distrito Federal - 23 de enero de 2013)

La Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, decidió otorgarle el amparo liso y llano a la francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, por violaciones al debido proceso lo que significa su libertad inmediata.

Luego de replantear el proyecto presentado por la Ministra Sánchez Cordero; con tres votos a favor y dos en contra, se concedió el amparo de Justicia Federal a Cassez, quien desde hace siete años permanecía en prisión y enfrentaba una sentencia de 60 años por el delito de secuestro.

"Se revoca la sentencia recurrida y ampara a Florence Cassez en contra de la autoridad y los actos de esta sentencia", dijo la Ministro Olga Sánchez, quien lleva el caso, y ordenó la "libertad absoluta e inmediata" de la francesa.

Los Ministros integrantes de la sala Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Sánchez Cordero, expusieron más de una hora las razones para emitir su voto y tras replantear el proyecto, la ponente, Ortiz Mena y Zaldívar apoyaron al libertad inmediata por severas violaciones durante el proceso de detención y obtención de declaraciones.

Florence Cassez, de 38 años, fue arrestada en el 2005 con su novio en una redada policial en un rancho cercano a la ciudad de México, donde varias personas eran mantenidas como rehenes por una banda de secuestradores llamada "Los Zodiacos".

El proyecto de resolución del amparo en revisión 517/2011 fue returnado, luego de que el 21 de marzo del 2012 el documento presentado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no logró la mayoría de votos, en su propuesta que determinaba la libertad inmediata de Florence Cassez.


Este fallo emitido por nuestra SCJN sienta un precedente en la impartición de justicia en México al evidenciar y dejar en claro que en nuestro país ya no se puede permitir la violación de derechos fundamentales, al debido proceso y la obtención de pruebas irregulares y/o ilegales por parte de las autoridades en perjuicio de la sociedad en su conjunto.

No está en discusión sobre la inocencia o culpabilidad de Florence Cassez, ya que lo fundamental de esta resolución radica, en que tanto policías, Ministerios Públicos y Jueces deben actuar de manera limpia, transparente y profesional, lo que se traduce en “actuar con apego a derecho” con la finalidad de que tanto victimas como procesados tengan una verdadera impartición de justicia.

Es decir, no se pudo demostrar su inocencia o culpabilidad, debido a lo viciado del proceso, derivado de la obtención de pruebas ilegales y a la violación de derechos fundamentales por parte de la autoridad, por lo que en términos coloquiales no se puede apreciar con claridad, que es verdad y que es mentira para arribar a la verdad histórica de los hechos y haber sido condenada con certeza, en virtud de ello debe prevalecer que toda persona sea condenada como culpable, unicamente cuando exista una completa certeza de su responsabilidad en algún delito; por tal motivo se debe respetar y proteger el principio de “presunción de inocencia” que toda persona debe gozar de ello; pero desafortunadamente la “presunción del culpa” suele ser la regla y una práctica común en nuestro país para enviar a prisión y condenar en base a presunciones, sin prueba plena y certeza de que la persona haya realizado o sido participe del delito que se le imputa. 

Los derechos y garantías consagrados en nuestra legislación existen precisamente para que toda persona a lo largo y ancho de nuestro país, ya sea nacional o extranjera, tenga la seguridad de que las autoridades no abusen de las facultades que les fueron concedidas por los mexicanos, y que dichos derechos realmente se apliquen y no persista siendo letra muerta.

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