Este es uno de tantos otros casos que en su momento se le dio mucha difusión por parte del Gobierno de Macerlo Ebrard y el entonces Procurador de Justicia, Miguel Ángel Mancera (hoy jefe de gobierno electo) que en su afán por simular que estaban dando resultados, de cara a los tiempos electorales. Diversos medios de comunicación no perdieron la oportunidad de dar la nota sin percatarse que se encontraban ante un caso que en realidad evidenciaba el actuar irregular y abusivo por parte del Gobierno del Distrito Federal.
Este caso presenta diversas violaciones a los derechos humanos, así como a garantías individuales y al debido proceso, entre las que destacan:
■ Se efectúo el ingreso a dicho inmueble por parte de la policía y autoridad ministerial sin que existiera de por medio ORDEN DE CATEO, previamente expedida por la autoridad judicial (Juez). De hecho la propia autoridad judicial se presto a las irregularidades toda vez que la Juez Sexagésimo Primero de lo Penal del Distrito Federal emitió al orden de cateo prácticamente tres días después de haberse realizado el ilegal allanamiento.
■ Se efectuaron detenciones sin que existiera flagrancia, orden de presentación, orden de comparencia o aprehensión debidamente expedida por un juez facultado para ello.
■ Los detenidos estuvieron sujetos a incomunicación e intimidación por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
■ Existieron casos de tortura en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal conocidas como “El Bunker”
■ Los detenidos fueron exhibidos ante diversos medios de comunicación (radio, prensa y televisión) como una “Peligrosa Banda de Lenones” sin que para ese momento se les hubiera informado quien y por que se les acusaba, muchos menos sin haber recibido asistencia legal alguna.
■ Los detenidos fueron arraigados en el Centro de Arraigos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lugar donde fueron sometidos a constante intimidación y sin respeto a las formalidades esenciales del procedimiento.
■ Los detenidos fueron sujetos a proceso penal el 5 de marzo de 2010 y sentenciados el pasado 20 de abril de 2012 con pruebas presunsionales, insuficientes adquiridas de manera contraria a derecho.
Actualmente la causa penal se encuentra sujeta a reposición del procedimiento, de lo cual esperamos que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal realmente observe la serie de omisiones, irregularidades y serias violaciones a las garantías de las personas involucradas.
Evidentemente el Gobierno del Distrito Federal, en su momento no menciono su actuar irregular e ilegal, y de la misma forma ningún medio de comunicación lo ha dado a conocer.
Recordemos el caso de Carlos Hank Rhon (Tijuana) que de igual manera ingresaron en su propiedad, estuvo detenido y puesto en libertad por irregularidades, de hecho misma situación que en el caso del “Hotel Palacio” (sin orden de cateo). La situación de Hank Rhon se resolvió de manera rápida debido al simple hecho de que no se contaba con ORDEN DE CATEO, que en el caso que nos ocupa tras más de dos años de proceso ninguna autoridad judicial ha podido observar este simple detalle, será acaso por que las personas del “Hotel Palacio” no obtienen una debida impartición de justicia e igual procesal ya que no son políticos, adinerados con conocidos influyentes?
La ley debe aplicarse de manera general y sin distinción alguna, recordemos el reciente caso de Hugo Sánchez Ramírez en que la primera sala de nuestro máximo tribunal resolvió “no existe justificación alguna para que la responsabilidad penal de una persona se encuentre sustentada en pruebas adquiridas de manera contraria a derecho, porque de esa forma se vulneran los derechos fundamentales que tiene todo inculpado”.
Cualquier ciudadano puede estar sujeto a este tipo de arbitrariedades que conllevan a serias repercusiones en lo laboral, familiar y social. Por lo que de no prevalecer el estado de derecho se perdería por completo el objeto y credibilidad en nuestra leyes e instituciones.
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